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Esfera Institucional

Procesos de Elecciones e Inscripción de Candidaturas

dr arturo cabrera

Dr. Arturo Cabrera Peñaherrera
Presidente TCE-Ecuador

En el Ecuador las bases de los procesos de elección de dignidades de la administración pública y de gobierno en las diferentes jurisdicciones territoriales son la participación ciudadana y la existencia de organizaciones políticas, debidamente reconocidas e inscritas en el registro a cargo de la autoridad electoral.

El Derecho Constitucional  tiene como eje transversal  la participación, a la que reconoce en todas sus formas como expresión de la soberanía popular en un proceso de autodeterminación que incide en las decisiones y políticas públicas.

A su vez, la misma norma suprema reconoce a los partidos y movimientos políticos como organizaciones públicas no estatales régimen jurídico ambivalente referente a aquellas entidades, cuya personería jurídica se origina en la ley.

Regulada por el derecho público sin responder a la estructura estatal, pero a la vez se rige por el derecho privado a través de un régimen orgánico que debe garantizar concepciones: filosóficas,   políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias.

Se debe aclarar que la Constitución ecuatoriana reconoce a estas organizaciones el derecho a la oposición política.

Con  esta concepción de  origen, las dos categorías posibles para la actividad proselitista son los partidos y movimientos políticos, cuya diferencia básica se da por el ámbito de acción; los primeros son nacionales y los otros pueden corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción del exterior. Si los partidos y movimientos nacionales cumplen requisitos legales pueden recibir financiamiento estatal.

Todos  los procesos de elecciones  cumplen períodos, ciclos que internacionalmente reconocen tres fases o etapas:

  • Preelectoral: incluye, entre otros,  planes operativos, presupuestos,  actualización del  registro electoral, inscripciones de organizaciones políticas y procesos de democracia interna para la designación de candidatos.
  • Electoral: desde la convocatoria, inscripción  de candidaturas,  campaña electoral,  debates obligatorios, sufragio (dos vueltas en caso de la dignidad del binomio presidencial) y se extiende hasta la fecha de posesión de las autoridades electas.
  • Postelectoral: todas las actividades posteriores a la posesión de autoridades, incluyendo la entrega del informe  sobre incumplimiento  de  presentación de cuentas de campaña electoral y la resolución de todos los recursos,  acciones y denuncias iniciados ante la justicia electoral.

En el Ecuador,  luego de publicada la convocatoria a elecciones,  la primera actividad es la inscripción de candidaturas,  que solo puede ser auspiciada por las organizaciones políticas  y  el  requisito  previo  se encuentra directamente relacionado con la obligación de realizar procesos de democracia interna (dicha etapa tiene tiempos de previsión legal), con los resultados que, de ser el caso, incluso deben  superar resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Electoral, se posibilita la etapa de recepción de formularios y más requisitos para la proclamación, inscripción y calificación de candidaturas.

1 Real Academia Española. (2020). Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Recuperado de https://dpej.rae.es/lema/ente-p%C3%BAblico-no- estatal


El ordenamiento jurídico impone por mandato constitucional y legal, obligaciones, requisitos e inhabilidades tanto para candidaturas unipersonales (incluye binomios hombre y  mujer o  viceversa), como también para las listas de carácter pluripersonal.

Las  obligaciones fundamentales se refieren al cumplimiento de la paridad de género (50%), alternabilidad y secuencialidad tanto para candidaturas  principales como para suplentes,  la inclusión de jóvenes  (25%); y, fruto de la Reforma Electoral del año 2020, busca que las mujeres encabecen las  listas  pluripersonales  en  un porcentaje ascendente (15%-30%-50%) hasta lograr la paridad en el año 2025. Adicionalmente, si una organización política pretende inscribir candidaturas para la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino, una de esas  listas  deberá estar encabezada  por mujeres.

Los requisitos específicos dependen de la dignidad a elegir y las circunscripciones territoriales; se refieren a la nacionalidad por  nacimiento,  edad mínima, residencia y registro electoral.

Las inhabilidades tienen relación con los efectos de hechos específicos previstos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley, tales como:

  • Que una candidatura no provenga de la democracia interna en las organizaciones políticas.
  • Quienes ya han sido reelectos  para una misma dignidad.
  • Quienes al inscribirse tengan contratos con el Estado para la ejecución de obras y servicios públicos o extracción de recursos naturales.
  • Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos detallados en el Código de la Democracia.
  • Adeudar pensiones alimenticias.
  • Los jueces de la Función Judicial, jueces y consejeros de la Función Electoral, jueces de la Corte Constitucional, los miembros del servicio exterior en funciones y misiones en países extranjeros, los servidores públicos de libre nombramiento y aquellos designados para período fijo, los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
  • Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto; y,
  • Quienes al inscribir su candidatura no presenten la declaración juramentada prevista en la ley.

A esta lista se pueden  sumar aquellos impedimentos para los afiliados y adherentes de las organizaciones políticas que no se desafilien  o renuncien a dicho vínculo anticipadamente (90 días  previos)  para participar por  otra  organización y aquellos que ejerciendo una dignidad de elección popular pretendan candidatizarse a otra.

Una vez presentadas las candidaturas y previo a su calificación, es   obligación  de  la  administración electoral someterlas a un proceso que inicia con la notificación a las organizaciones políticas y cubre la posibilidad de recibir objeciones; y, sobre  la resolución de éstas, la interposición del Recurso de Impugnación ante el órgano administrativo,  y el Recurso Subjetivo Contencioso Electoral en sede jurisdiccional del Tribunal Contencioso Electoral.

La actividad proselitista son los partidos y movimientos políticos, cuyo diferencia básica se da por el ámbito de acción”.

Una vez superado  este  proceso  las  candidaturas pueden ser calificadas  y de resultar inscritas se vuelven irrenunciables.

Existe una sola prohibición para presentar candidaturas y está prevista en el artículo 108 del Código de la Democracia, por el cual ninguna persona puede ser candidato para más de una dignidad de elección popular y si de hecho ocurre, el resultado es la nulidad  de todas ellas.

En Ecuador, durante los últimos procesos electorales (generales y seccionales), la etapa de inscripción de candidaturas presentó tiempos de resolución administrativa prolongados, que incluso rebasaron las  fechas  límites del calendario electoral e invadieron aquellas correspondientes a la campaña, lo que afectó la equidad en la promoción electoral, circunstancias  que posteriormente  apremiaron los tiempos de resolución jurisdiccional.

Las disposiciones  legales cumplen las expectativas del proceso,  aunque la experiencia nos  invita a corregir deficiencias de cálculo en los tiempos  de ciertas actividades y etapas del calendario electoral, pues  el  entrelazado debe brindar certezas  a la ciudadanía y a las  organizaciones,  pero también debe otorgar comodidad, eficiencia y eficacia a los órganos de la Función Electoral


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