En el marco del proyecto “Fortalecimiento Democrático de la Institucionalidad Electoral en el Ecuador”, que cuenta con el respaldo de importantes socios estratégicos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Embajada de Suiza, se desarrolló la quinta capacitación sobre Violencia Política de Género.
La Universidad ECOTEC de Guayaquil fue el escenario para dialogar sobre estos actos que afectan a mujeres candidatas, militantes: electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos, feministas, lideresas políticas o sociales y miembros de su familia. El evento reunió a expertos, académicos y autoridades para discutir las implicaciones de esta grave infracción en contra de las mujeres, impidiendo su libre participación en la política. Los ponentes resaltaron que este tipo de violencia no solo se manifiesta en actos de agresión física, sino también en actitudes y prácticas que buscan deslegitimar la voz y presencia femenina en el espacio público.
El Mgs. Joaquín Viteri, juez principal del TCE, destacó la normativa vigente en Ecuador, especialmente el Código de la Democracia, que establece medidas claras para sancionar esta infracción electoral muy grave, con el objetivo de frenar los abusos del que ha sido objeto la mujer a lo largo de la historia.
La MSc. Nadia Villón, docente de la Universidad de Guayaquil, afirmó que este tipo de violencia limita la participación de las mujeres en política mediante agresiones basadas en su género, afectando sus derechos y liderazgo. Su erradicación exige leyes, acción estatal y un cambio cultural, afirmó.
Por otra parte, la Dra. Alejandra Guerrón, presentó cifras sobre la situación de desigualdad que enfrenta la mujer; destacó el estudio realizado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en la que se aborda el tema de las autonomías de las mujeres como un enfoque clave en su agenda de igualdad de género. Esta perspectiva se centra en fortalecer tres dimensiones principales de autonomía para las mujeres: económica, física y en la toma de decisiones. Es indispensable garantizar que las mujeres tengan un entorno político seguro, libre de violencia y discriminación, acotó.
Otro de los puntos clave abordados, fue la necesidad de romper las barreras y estructuras que históricamente han denigrado y limitado la participación de las mujeres. Los ponentes coincidieron en que, mientras más mujeres se involucran en política, más violencia enfrentan, sin embargo, reconocieron que estos espacios de diálogo son la primera opción para socializar la normativa e informar sobre cómo actuar ante actos como estos.
